Buscan un referendo para derogar la ley que declara ilegítimas las manifestaciones en espacios públicos o privados

Uno de los puntos más polémicos de la llamada Ley de Última Consideración, que la oposición busca derogar en Uruguay, hace referencia a la flexibilización del uso de la fuerza policía regula el derecho a la huelga y declara ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", por lo que faculta el uso de la fuerza pública para disolverlos.

Los 135 artículos objetados hacen referencia a cuestiones de seguridad, al derecho de huelga y los cortes de calles, a los desalojos exprés de viviendas alquiladas y al gasto público, entre otras áreas.

En materia educativa, la LUC elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia, erosiona el rol de los directores generales de los Consejos de Educación y resignifica a la educación formal como desarrollo de competencias.

En cuanto al Código Penal, define un incremento para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas, y para los menores en edad imputables amplía las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.

También se va en contra de la ampliación del concepto de legítima defensa a la defensa de un bien material, de la extensión de 2 a 4 horas que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, y de la potestad de policías y militares de registrar personas y autos en procedimientos "preventivos rutinarios".

Se busca derogar además artículos vinculados a los cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados: la revisión de precios de paridad de importación, las potestades del Ejecutivo en fijación de precios y la reforma del mercado a partir del informe de un comité de expertos que no incluyó a técnicos de Ancap -a petrolera estatal- ni de la Universidad de la República.

Los detalles de todos los puntos cuestionados están explicitados, de modo muy minucioso, en el portal de internet yofirmo.uy, y son explicados por los militantes y dirigentes que buscan sumar firmas, sabedores de la complejidad que implica pretender la caída de 135 artículos.

"Las dificultades las sorteamos por dos vías. Una con la página, donde están los 135 artículos y los por qué queremos derogarlos. Luego, con una pequeña explicación en las redes. Pero también en el mano a mano, porque campañas de este tipo no se resuelven con dirigentes iluminados, por más clara que la tengan. Son tareas que por su tamaño requiere de miles, y eso implica miles estudiando la ley, los documentos, la fundamentación, y miles que lo transmiten", destacó Fernando Pereira, titular de la PIT-CNT.

Entre las organizaciones que trabajan en la recolección de las firmas pro-referendo se cuentan, además de la centran gremial, la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos (FEUU), la Intersocial Feminista, el Frente Amplio, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), las Intersociales de Salto, Carmelo, Rivera, Soriano, Artigas, Costa de Oro, Tacuarembó, Paysandú, Treinta y Tres y Fray Bentos, y Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos



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